Violencia hacia las mujeres y las ‘nuevas’ leyes en México

Es un hecho que la presencia de tropas militares y fuerzas irregulares en el territorio nacional incrementa la violencia contra las mujeres, ha sido ampliamente documentado que cuando irrumpe el ejército y la marina en las poblaciones se elevan los abusos contra niñas, adolescentes y mujeres. Se argumenta al respecto que la violencia generalizada hacia ellas se identifica como una forma de control a la población puesto que son consideradas por las instituciones represivas como el eslabón más débil mediante el cual causan no sólo tortura directa hacia las víctimas si no que buscan quebrar la resistencia del colectivo.

La tortura sexual es un método represivo que utilizan las fuerzas armadas del Estado, ya sea en situaciones de guerra o en situaciones de crisis institucional, para aleccionar a las mujeres que deciden salir a luchar. El método implica amedrentamiento verbal; amenazas de violación, muerte o desaparición; abuso sexual y violación con todo tipo de objetos, desde la introducción de los dedos hasta palos, toletes y objetos punzocortantes.

Señala Amnistía Internacional (AI) que la utilización de violencia sexual es una práctica habitual e institucionalizada dentro del ejército mexicano, sobre todo hacia las mujeres y aquellas personas que no encajan dentro de las convenciones del género binario. Documentan que a pesar de que existe un número exorbitante de denuncias de violencia sexual hacia mujeres por miembros de las fuerzas armadas, el Ejército ha respondido a sus peticiones de información con la respuesta de que “ni un solo soldado había sido suspendido del servicio por violación o abuso sexual” y según información brindada por la marina “sólo cuatro marinos habían sido suspendidos […] un marino condenado a prisión por abusos sexuales solo fue apartado temporalmente del servicio”.

Las mujeres jóvenes, de bajo nivel educativo y con escasos ingresos corren especial peligro de ser detenidas por la policía o el Ejército. Las numerosas capas de discriminación que sufren estas mujeres se entrecruzan de una manera que las margina aún más e incrementa el peligro de que sean víctimas de abusos y violaciones de derechos humanos. Los estereotipos de género desempeñan un papel específico en la tortura u otros malos tratos de que son objeto las mujeres y las personas que no encajan en las convenciones de género, en la medida en que se utilizan prácticas específicas para infligirles dolor y sufrimiento y garantizar la impunidad de los responsables de esos abusos.

Algunos datos que arrojan estudios de AI para 2016, señalan que todas las mujeres detenidas por el ejército sufrieron algún tipo de violencia, en los que se presentó violación en cada 8 de 10 arrestos realizados por la marina y del total de las mujeres que se encontraban embarazadas en el momento de la violación el 80% reportó haber sufrido un aborto como consecuencia, 80 porciento fue objeto de insultos misóginos, el 91 porciento fue amenazada ella y su familia, entre otros abusos.

Los tipos de violencia en las detenciones a mujeres tienen como características el ser ocultados por la autoridad y utilizar métodos que tienen como finalidad no dejar marcas o rastros visibles. Algunas de estas prácticas son: palizas brutales amenazas de violación o violación a ellas y sus familias, semiasfixia, descargas eléctricas en los genitales, manoseo de pechos y pellizcos en los pezones; violación con objetos, dedos, armas de fuego y penes, así como tortura psicológica. En caso de que las mujeres se encuentren embarazadas la violencia se centra en el embarazo, como golpes en el vientre.

De las 100 mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional, 41 dijeron que las habían semiasfixiado con una bolsa de plástico u otro objeto similar. 75 mujeres fueron manoseadas en los pechos, 36 en los genitales y 30 en los glúteos. El 94%de las entrevistadas fueron insultadas durante su arresto, siendo el principal motivo el hecho de ser mujer. El 91% de las mujeres fueron amenazadas. El 66% de las mujeres recibieron descargas eléctricas, de las 100 mujeres 16 recibieron en los genitales, 7 en los pechos y 5 en las piernas.

Esta violencia tiene la finalidad de deshumanizar a las mujeres, siendo un castigo ejemplar contra las que decidimos organizarnos para disuadirnos de hacerlo; esto no podría garantizarse sin la función específica de policías y militares, ya que las violaciones no son producto de la excitación momentánea sino de una orden directa desde el Estado que busca quebrar a las mujeres para que no cuestionemos todo lo que nos rodea, sobre todo este sistema que nos explota doblemente, afuera con los trabajos más precarios y en el hogar realizando todas las tareas de forma gratuita o para obtener confesiones durante el arresto y los primeros interrogatorios.

El Estado protege y recompensa a los militares al no castigarlos por estos hechos, dándoles la seguridad de poder seguir manteniendo este tipo de prácticas represivas ya el fuero militar y los esquemas de juicio por corte militar imposibilita penalizar a los culpables.

Ante todo esto, queda claro que la Ley de Seguridad Interior no solo es un retroceso en los derechos humanos sino además una situación atroz para las mujeres,  pues otorga poder absoluto a las fuerzas armadas a violentar y asesinar a las mujeres y que esto quede impune.

Recordemos los casos de las tres tzeltales violadas en Chiapas (junio 4, 1994); 2 tlapanecas violadas en Zopilotepec, Atlixtac de Álvarez, Guerrero (diciembre 3, 1997); 12 mujeres violadas en la zona Loxicha, en Oaxaca (1997); 2 mujeres violadas de Barrio Nuevo San José, Tlacoachixtlahuaca, Guerrero (abril 21, 1999); una mujer agredida sexualmente en Barranca Bejuco, Acatepec, Guerrero (febrero 16, 2002); una mujer violada en Barranca Tecuani, Ayutla de los Libres, Guerrero (marzo 22, 2002), 13 víctimas de violación en Castaños, Coahuila, el 11 de julio de 2006. Todas ejercidas ejercida por militares. Las víctimas siguen sin acceder a la justicia.

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